Una elección sin justicia: el alto costo de una reforma fallida

Carlos Hermosillo

 

El pasado domingo vivimos una jornada electoral que nos deja más dudas que certezas. Lejos de consolidar un avance democrático, el proceso para elegir por voto popular a jueces y magistrados del Poder Judicial Federal —impulsado como una reforma transformadora— ha fracasado en su propósito de acercar la justicia al pueblo. Y peor aún: lo ha hecho a costa del erario público y de la confianza ciudadana.

Según datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE), el proceso electoral judicial de 2025 tuvo un presupuesto de 7 mil millones de pesos solo para su organización, y registró una participación de apenas 11.3 millones de votantes en todo el país. El resultado: un costo por voto de 619 pesos, más de cuatro veces superior al de la elección presidencial de 2024, donde el INE ejerció 8,802 millones de pesos y participaron 60.1 millones de personas, con un costo por voto de 146 pesos.

Es decir, en 2024 elegimos presidente, senadores, diputados y miles de cargos locales por una cuarta parte del costo por voto que hoy nos ha dejado una elección judicial vacía y sin sentido. El principal responsable de esta desproporción es la bajísima participación ciudadana (87% de abstencionismo), reflejo de un proceso que nunca logró explicar su razón de ser ni conectar con la sociedad.

Pero… ¿Cuánto cuesta una mala decisión política? Para dimensionarlo:

Con los 7 mil millones de pesos ejercidos para esta elección, podríamos cubrir el presupuesto total anual de estados como Tlaxcala (6,957 mdp), Colima (7,001 mdp) o Zacatecas (7,410 mdp).

El gasto supera más del doble del presupuesto del municipio de Juárez, Chihuahua, que ronda los 3,400 millones de pesos.

También equivale a casi 10 veces el presupuesto de Cuauhtémoc, que en 2024 fue de 736 millones de pesos.

Entonces es cuando nos surge la pregunta de ¿Era necesario gastar esta cantidad para renovar al Poder Judicial? ¿Esta fue la vía correcta para fortalecerlo? A la luz de los datos, la respuesta es un rotundo no. Lo que se prometió como un avance democrático terminó siendo una simulación costosa, un circo mediático sin un fondo positivo. Las urnas vacías, la desinformación y la apatía generalizada reflejan lo que advertimos desde un inicio: la justicia no se gana en las urnas, se construye con instituciones sólidas, independientes y profesionales.

Desde COPARMEX Cuauhtémoc alzamos la voz. No podemos permitir que el dinero de las y los mexicanos se dilapide en ejercicios que no fortalecen ni la democracia ni la justicia. Lo que debería ser una transformación del Poder Judicial acabó siendo una reforma improvisada, carente de pedagogía y sin respaldo técnico ni ciudadano.

¿Qué se pudo haber hecho con esos 7 mil millones? ¿Cuántas patrullas, quirófanos, aulas o apoyos productivos pudieron implementarse en municipios como Cuauhtémoc, Guerrero o Bocoyna? ¿Cuántas oportunidades se perdieron por destinar estos recursos a una elección sin legitimidad ni impacto real?

México no necesita más procesos electorales costosos, sino resultados tangibles: paz, legalidad, certeza jurídica, y jueces que impartan justicia, no que busquen votos. Por ello, hacemos un llamado urgente al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal: corrijan el rumbo. Fortalezcan al Poder Judicial desde su independencia, no desde su popularidad. Escuchen a la ciudadanía, a los expertos y a la sociedad organizada.

México necesita justicia, no solo urnas.