La industria remolquera de Cuauhtémoc no es un sector más: es un engranaje productivo que conecta manufactura, metalmecánica, transporte y exportación. Por ello, la pérdida de 260 empleos —alrededor del 10 % de su plantilla— tras el aumento arancelario aplicado por Estados Unidos en agosto de 2025 no es una estadística fría, sino una alerta económica y social que compartimos plenamente con lo expresado por el presidente de Canacintra Cuauhtémoc.
Lo más preocupante es que no se trata de una crisis de competitividad. Los remolques locales siguen colocándose en el mercado norteamericano; sin embargo, hoy se venden menos. El arancel encarece el producto final, reduce pedidos y obliga a las empresas a absorber costos o recortar personal. Es un fenómeno clásico del comercio internacional: el mercado no desaparece, pero se contrae, y quien paga primero es el trabajador formal.
A ello se suma un contexto global complejo: desaceleración económica en Estados Unidos, revisión próxima del T-MEC y una tendencia proteccionista creciente que privilegia el contenido regional aun a costa de eficiencia productiva. En otras palabras, estamos ante un cambio estructural, no ante un bache temporal.
Desde Coparmex Cuauhtémoc lamentamos profundamente la afectación al sector remolquero, pilar histórico del desarrollo local. Pero también creemos que la respuesta no puede limitarse a esperar la renegociación del tratado ni a confiar en una recuperación espontánea del mercado.
Se requiere una estrategia inmediata en tres frentes: Primero, un programa estatal de estímulos a la exportación temporalmente focalizado en industrias altamente dependientes del mercado estadounidense, que compense parcialmente el sobrecosto arancelario y evite despidos adicionales.
Segundo, financiamiento preferencial para reconversión productiva y diversificación de mercados —Centroamérica y Sudamérica— mediante banca de desarrollo y garantías públicas, reduciendo la vulnerabilidad ante decisiones unilaterales externas.
Tercero, una mesa permanente entre gobierno, cámaras empresariales y sector logístico para preparar técnicamente a la industria rumbo a la revisión del T-MEC, defendiendo cadenas productivas integradas y no solo porcentajes de contenido regional.
El sector remolquero no pide privilegios; pide condiciones para seguir compitiendo. Cada empleo perdido por un arancel no es resultado de ineficiencia empresarial, sino de una decisión comercial internacional. Por ello, la política económica local debe actuar como amortiguador.
Proteger la planta productiva hoy es preservar el desarrollo regional mañana. Y Cuauhtémoc no puede darse el lujo de aprender tarde esa lección.
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