Recientemente, la decisión de cerrar el programa para la regularización de vehículos usados importados de Estados Unidos —conocidos comúnmente como “autos chocolate” o “chuecos”— ha reactivado un debate de larga data en Chihuahua y en el país. Esta política, vigente desde 2022, permitió la incorporación de casi 3 millones de unidades a nivel nacional, y en nuestra entidad, más de 600 mil vehículos, de los cuales, al menos, 50 mil terminaron circulando en las calles de Cuauhtémoc bajo ese régimen, sin los controles aduanales, fiscales ni de seguridad que la ley de comercio exterior establece para la importación legal.
Tras la derogación de dicho decreto al terminar 2025, la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA) anunció públicamente supuestos mecanismos de defensa legal a favor de propietarios de “chuecos”. Según sus propios líderes, estarían promoviendo amparos para más de 8 mil vehículos en el estado, cobrando 2 500 pesos por cada trámite, lo que —si se concretara— significaría más de 20 millones de pesos de ingresos para esa organización.
Desde la perspectiva del sector empresarial formal organizado, esta operación merece un análisis crítico. En primer lugar, no existe actualmente un marco legal que valide colectivamente la protección de automóviles irregulares mediante amparos, puesto que el decreto fue dejado sin efectos. Cualquier intento de construir un “mecanismo paralelo” para legalizar estos vehículos sin cumplir con las reglas aduaneras y fiscales vigentes podría exponer a las y los propietarios a pérdidas económicas considerables, así como a sanciones administrativas si los vehículos no cumplen los requisitos de importación definitiva establecidos en la ley.
En reiteradas ocasiones hemos insistido en que permitir la importación indiscriminada de autos usados sin requisitos básicos de seguridad, emisiones o procedencia constituye una forma de competencia desleal contra negocios establecidos legalmente.
Otro aspecto de preocupación es el impacto en la seguridad pública. En décadas pasadas, los autos “chuecos” han sido utilizados con frecuencia en actividades ilícitas, dificultando la identificación de responsables por carecer de registros claros o vínculos con el Registro Público Vehicular (REPUVE).
Por todo lo anterior, COPARMEX Cuauhtémoc hace un llamado a la ciudadanía: no se expongan a procesos que carecen de base legal sólida y que podrían resultar en gastos innecesarios sin garantía de resultado.
Finalmente, reiteramos que la formalidad y el apego a la legalidad no son meros eslóganes, sino condiciones necesarias para proteger la inversión, fomentar la competitividad, garantizar mercados eficientes y salvaguardar el bienestar de nuestras comunidades.
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