En vísperas del informe presidencial, México enfrenta un momento decisivo. El primer año de gobierno deja avances innegables, pero también retrocesos que encienden alarmas sobre el rumbo que puede tomar nuestra nación. Estamos en un punto de definición: o construimos instituciones sólidas que sostengan el desarrollo o corremos el riesgo de perder terreno en democracia, justicia y competitividad.
Hay motivos para reconocer avances. La apertura al diálogo con empresarios y socios comerciales ha evitado choques arancelarios que hubieran golpeado severamente al empleo. El fortalecimiento financiero de Pemex, acompañado de la posibilidad de mayor participación privada, abre la puerta a un sector energético más estable. El incremento al salario mínimo y la voluntad de discutir una jornada laboral más justa reflejan sensibilidad hacia los trabajadores. También se perciben esfuerzos por atender la seguridad con nuevos enfoques y cooperación internacional, lo cual genera un margen de confianza en que la violencia pueda disminuir.
Sin embargo, los retrocesos son profundos. La reforma judicial que llevó a elegir jueces y magistrados mostró deficiencias preocupantes y debilitó la confianza ciudadana. La desaparición de organismos autónomos concentra poder y erosiona contrapesos, mientras que la corrupción e impunidad siguen minando la credibilidad del gobierno. La salud y la educación, lejos de mejorar, mantienen rezagos que condenan a millones de mexicanos a la exclusión. Además, la inversión y el empleo muestran un estancamiento que afecta directamente a las familias y a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, verdadero motor de nuestra economía.
En medio de este panorama, México también tiene oportunidades únicas. La revisión del T-MEC y el fenómeno del nearshoring colocan al país en la mira de inversionistas globales. Si logramos garantizar seguridad, energía confiable y certeza jurídica, podríamos detonar un círculo virtuoso de empleos formales, productividad y salarios dignos. El fortalecimiento del mercado interno y una política decidida de apoyo a las MiPyMEs deben ser prioridad nacional.
Desde COPARMEX Cuauhtémoc afirmamos que es momento de construir consensos. El Estado de Derecho, el combate real a la corrupción y el respeto a las instituciones no son temas secundarios: son la base para que haya inversión, innovación y bienestar. México requiere un diálogo social auténtico, donde gobierno, empresarios y trabajadores acuerden políticas públicas de largo alcance.
El futuro de nuestra nación dependerá de la capacidad de escuchar y corregir, pero también del compromiso de la sociedad en su conjunto. México no puede permitirse la parálisis ni decisiones unilaterales que profundicen la polarización. El mejor programa social sigue siendo el empleo formal, acompañado de educación de calidad y servicios de salud universales. Nuestro país está en la encrucijada.
O consolidamos un camino de desarrollo con justicia social y libertades, o permitimos retrocesos que comprometan el futuro de las próximas generaciones. La decisión es clara y la responsabilidad nos pertenece a todos.
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