La extorsión se ha convertido en una amenaza directa a la seguridad, la actividad económica y la confianza. El Monitor de Seguridad de COPARMEX Nacional, elaborado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que durante el primer semestre de 2026 se registraron 6 mil 562 víctimas en México, 9.17% más que en el mismo periodo de 2025 y la cifra más alta para un primer semestre en 11 años. Pero lo peor está en que, según con estadísticas generadas por el INEGI, el 97% de los casos no se denuncia.
Chihuahua merece atención especial. El reporte nacional de COPARMEX muestra que la entidad pasó de 4 a 97 víctimas en la comparación anual, un incremento de 2,325%. No obstante, aunque el estado no se ubica entre las entidades con las tasas más altas del país, la velocidad de crecimiento es una señal que no podemos minimizar. La extorsión fue, además, el único delito analizado que presentó una tendencia nacional al alza durante el semestre.
En el ámbito municipal de Chihuahua la preocupación aumenta. Según el Observatorio Ciudadano de Seguridad de FICOSEC, entre los municipios de Chihuahua con más de 100 mil habitantes, Cuauhtémoc registra, de enero a junio del 2026, 21 casos de extorsión, el segundo mayor número del estado, únicamente por debajo de Ciudad Juárez, con 24. Le siguen Parral con 11 y Chihuahua capital con 7. Entre los municipios de menos de 100 mil habitantes, Nuevo Casas Grandes registra 17 casos, mientras Janos y Ascensión reportan 2 cada uno.
Para Cuauhtémoc, estos datos deben convertirse en acción. Somos una región de intensa actividad comercial, agroindustrial y de servicios. La extorsión no sólo golpea el patrimonio: modifica decisiones, inhibe inversiones, encarece operaciones y genera miedo, y cuando el miedo se vuelve un “costo normal” de hacer negocios, toda la comunidad pierde.
Desde COPARMEX Cuauhtémoc consideramos indispensable fortalecer la denuncia segura, la inteligencia policial y financiera, las unidades especializadas de las fiscalías y la coordinación entre autoridades, empresas y sociedad. Coincidimos con COPARMEX Nacional en que la Ley General en materia de extorsión debe traducirse en capacidades reales, presupuesto suficiente, inhibidores efectivos en centros penitenciarios y mecanismos verificables de cumplimiento.
No podemos esperar a que Cuauhtémoc encabece una estadística para reaccionar. Tenemos que cerrar espacios a la impunidad, acompañar a quienes denuncian y construir protocolos empresariales de prevención. La competitividad también se defiende garantizando que quien trabaja, emprende e invierte pueda hacerlo sin amenazas. Atender hoy esta señal es proteger el futuro económico y social de nuestra región.
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