La reciente polémica generada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, respecto a la intención de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 dejó algo muy claro: en México siguen tomándose decisiones públicas sin sensibilidad, sin planeación y desconectadas de la realidad que viven millones de familias.
Primero anunció públicamente el cierre anticipado de las escuelas para el 5 de junio. Después, ante el rechazo social, la propia presidenta Claudia Sheinbaum salió a corregir el mensaje señalando que la medida aún estaba en análisis. Horas más tarde, Delgado nuevamente aseguró que el ciclo sí concluiría antes de tiempo y que únicamente se revisaría la fecha de regreso a clases. Finalmente, otra vez fue rectificado por la mandataria.
Pero, más allá de sus contradicciones, resulta preocupante escuchar al titular de la SEP minimizar el impacto de perder semanas efectivas de aprendizaje, justo cuando México enfrenta uno de los mayores rezagos educativos de las últimas décadas. La pandemia dejó afectaciones profundas en comprensión lectora, matemáticas y ciencias; sin embargo, pareciera que desde el escritorio gubernamental se ignora la gravedad del problema.
México necesita elevar su nivel educativo para ser competitivo a nivel global, no reducir tiempos de aprendizaje. Apostarle a menos días de clases manda un mensaje equivocado en un país que debería estar concentrado en recuperar el terreno perdido y fortalecer las oportunidades de desarrollo para niñas, niños y jóvenes.
Y aquí es importante decirlo con claridad: no se trata de que las escuelas funcionen como guarderías, como Mario Delgado intentó inducir. El verdadero tema es que la educación representa una herramienta fundamental de desarrollo humano. Cada día de aprendizaje cuenta en un país donde millones de estudiantes enfrentan desigualdad, rezago y falta de oportunidades.
Además, las madres y padres de familia fueron muy claros al señalar las consecuencias reales que una medida unilateral como esta habría provocado. Muchas familias tendrían que reorganizar jornadas laborales, asumir gastos extraordinarios para el cuidado de sus hijos o improvisar soluciones de último momento. Esto no solo impacta la economía familiar, también afecta la productividad y estabilidad de miles de hogares.
Todavía más desafortunado fue escuchar que el sector empresarial debía buscar mecanismos para resolver las consecuencias de una decisión gubernamental improvisada. El empresariado genera empleo, inversión y desarrollo; no puede convertirse en responsable de corregir políticas públicas mal planteadas.
Lo más valioso de este episodio fue comprobar que la presión social sí funciona. México no necesita ocurrencias que profundicen el rezago que ya enfrentamos.
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